Recientemente se ha expuesto entre las novedades del ámbito del sector financiero-tecnológico, conocido comúnmente como fintech, la incorporación de lo que se conoce como sandbox, una herramienta que sirve como un espacio de pruebas para desarrollar nuevas aplicaciones tecnológicas del sector en un entorno normativo adaptado y seguro en el que se pueda explorar su potencial.
A nivel regulatorio, en febrero de 2019, el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero, que incluía la creación del conocido sandbox. Finalmente, no se aprobó debido a la coyuntura político-parlamentaria y a la propia disolución del Parlamento por elecciones (en abril) pero, aun así, el Ministerio de Economía estableció 3 elementos estructurales para esta herramienta que es interesante que conozcamos:
Hasta la fecha, han sido varias las entidades que se han posicionado sobre este espacio de pruebas para las tecnológicas del ámbito financiero. En el debate generado en torno al banco de pruebas, organismos como el Banco de España, la CNMV o el Ministerio de Economía han aportado su visión y una de las peticiones realizadas fue que cada proyecto se revisase de forma individual. Recientemente, desde ADICAE hemos organizado un evento sobre el desarrollo del Fintech en España con la participación de representantes tanto de entidades públicas como privadas. En lo relativo al sandbox, en dicho evento se debatió sobre el impacto que éste puede tener en el sector financiero español y si contribuiría a fomentar su competitividad. Y es que España es de los países con más empresas fintech e insurtech por habitante del mundo, sin embargo, éstas son mucho más pequeñas que en otros países, achacando este hecho a la falta de inversión, por lo que este banco de pruebas podría contribuir a cambiar el entorno existente.
Sin duda, la idea de desarrollo del sandbox es innovadora y puede propiciar una aceleración de la financiación a entidades que oferten sus servicios, pero se ha de garantizar que los derechos de los consumidores digitales se traspasan a la economía y al consumo digital. La tecnología siempre va más rápido que la regulación y, por tanto, el legislador ha de tener esto en cuenta a la hora de legislar y preservar la protección de los consumidores.