La digitalización de la economía es una cuestión de actualidad que ha llegado para quedarse. Nadie cuestiona la importancia de la transformación digital para los sectores económicos y, en general, para la sociedad que se está diseñando, cada vez más digital. En todo este proceso transformador a quien más afecta directamente es al consumidor y, además, lo hace en innumerables circunstancias cotidianas, como puede ser pagar con medios electrónicos en comercio o en los trámites con las diferentes administraciones públicas.
Al hilo de lo anterior, uno de los grandes problemas en España es el nivel de alfabetización digital. Según el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), publicado recientemente por la Comisión Europea, España se sitúa por debajo de la media europea en competencias digitales. Este dato contrasta con la información que ofrece el Índice sobre la posición de España en el ámbito de la Administración electrónica, que la sitúa en cuarto lugar. Además, si se tiene en cuenta la nueva metodología utilizada por la Comisión Europea, España mejora en dos posiciones su ranking en los Servicios Públicos Digitales.
Es necesario que los consumidores traten de adaptarse a esta sociedad en rápida transformación a la era digital; un proceso cambiante que demuestra claramente que la tecnología avanza más rápido que la regulación. También es necesario un buen plan que desarrolle acciones en el ámbito de la educación financiera, tal y como expusimos en un tema publicado anteriormente, de cara a garantizar la correcta inclusión financiera, una asignatura pendiente en España.
Por tanto, es fundamental que se regule desde el punto de vista del consumidor. Esta era, tal y como expusimos en Econsumer, la idea inicial de la transposición al ordenamiento jurídico español de la segunda directiva de servicios de pago (PSD2), en la que se quiso introducir la obligación a empresarios o profesionales de ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar instrumentos de pago alternativos al efectivo en transacciones superiores a 30€. Sin embargo, finalmente se prescindió de esta medida; un fracaso en lo que a digitalización se refiere ya que, además de promover los pagos electrónicos, supone luchar contra la economía sumergida provocada en buena parte por un mayor uso del efectivo, estando en el caso español por encima de la medida europea y de la OCDE.
La digitalización se está implantando a grandes pasos y los consumidores necesitan garantías e instrumentos para poder adaptarse a la transformación digital. En este sentido, en ADICAE pusimos en marcha la plataforma e-consumer precisamente con el objetivo de ayudar a los consumidores a que tengan un mejor conocimiento y uso de los medios de consumo electrónicos y del entorno digital en general.
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